LA VENTA DE LA ETB, UN ASUNTO DE PULSOS.

La alcaldesa encargada de Bogotá está dispuesta a imponer a cualquier costo la visión del Polo en torno a la ETB, con el argumento de que el Polo está en contra de las privatizaciones no sólo ha motivado la renuncia de funcionarios de la administración, sino que sin ningún rubor los desautoriza y regaña a través de los medios como sucedió con el Secretario General Yuri Chillán.

En pos de ese cometido acaba de trasladar a Héctor Zambrano de la Secretaría de Salud a la Secretaría de Hacienda, quien va a tener el encargo durante toda la etapa de la discusión del proyecto de acuerdo (Proyecto 172 de 2011), que está a consideración del Consejo de llevar la vocería del Gobierno de la ciudad. Él tendrá la responsabilidad de presentar la posición oficial del Distrito respecto a este activo público, y va a ser el único vocero autorizado para hablar de este tema ante el Consejo, ante los medios de comunicación, en los foros que se programen, para que salga fuerte y clara la posición del Distrito Capital sobre uno de los temas más trascendentales, que tocan uno de los patrimonios más importantes de la capital de la República, dijo la señora Clara López al anunciar el movimiento en el gabinete capitalino.

De hecho y asumiendo la clásica posición neocomunista, la alcaldesa encargada impone la visión del Polo como única válida para la ciudad, descalifica de antemano cualquier crítica a la negativa de ese partido de buscar soluciones reales a la situación crítica de la empresa de telefonía,
condenándola de antemano a no sobrevivir a la competencia. De hecho es tanta la soberbia de la funcionaria que está desautorizando a la misma Presidencia de la República que en Junio pasado había nombrado como alcaldesa ad hoc a Cristina Plazas, quien radicó ante el Concejo de Bogotá el proyecto de acuerdo para vender el 86,6% de las acciones de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB).

La venta accionaria había sido anunciada por el presidente de la compañía, Fernando Carrizosa, quien aclaró en su momento que la venta ya no sería del 51% como se tenía previsto en un principio. El 86,6% de las acciones que se venderán hacen parte del Distrito, el otro 14% es de la Universidad Distrital, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Se sobreentiende que el presidente de la ETB también es desautorizado por Clara López.

Debe anotarse que miembros de la corporación capitalina, como el concejal Felipe Ríos
insisten en que la venta es la única salida para salvar de la quiebra a la entidad, cuyas acciones están por encima de $700 cada una. Y aunque el Gobierno considera que llegó la
hora de vender la empresa antes de que empiece a generar pérdidas —puesto que un reciente estudio demuestra que en poco tiempo ya no será competitiva— y que la junta directiva de la ETB manifestara que la venta es impostergable debido a que sólo una gran inyección de capital evitaría el derrumbe total de la entidad, otros concejales, como Jaime Caicedo, señalan que en los últimos diez años la ETB le ha dejado a la ciudad $1 billón 200 mil millones (120 millones por año), para inversión social y, de realizarse la venta, la ciudad perdería estos ingresos.

La realidad es que el debate quiere reducirse a cuestiones ideológicas más que a la realidad financiera de la importante empresa. Para el Polo es cuestión de principios promover la estatización de los servicios y cerrar la puerta al libre mercado y la competencia saludable para
el usuario, los resultados de estas políticas pueden verse sin mayor esfuerzo en lo sucedido con los servicios públicos domiciliarios en los llamados paraísos socialistas como Cuba, Venezuela, Nicaragua o Bolivia.

Por el contrario, experiencias como la vivida en torno a la EEB han sido saludables para Bogotá y los usuarios del servicio eléctrico, el año anterior esta empresa, en la que la ciudad conserva el 51% de la propiedad accionaria, registro utilidades por 723.212 millones de pesos (un aumento del 51,1% con respecto al 2009), el valor intrínseco de la acción de la EEB se ubicó en 82.807 pesos. La privatización de esa empresa no significó una variación significativa en el costo del Kw/h para el usuario y la calidad del servicio es reconocida ampliamente por la ciudadanía.

Entre otras cosas debe señalarse que la EEB es altamente competitiva, hoy posee posee la mayoría accionaría pero no controlante de la generadora de energía más grande de Colombia, Emgesa; cuenta con una participación similar en la mayor distribuidora de energía del país, Codensa; y tiene el control accionario de la Transportadora de Gas Internacional (TGI). EEB también posee la mayoría accionaria de Empresa de Energía de Cundinamarca (EEC).

Si se tienen en cuenta las cifras de la EEB, los temores del concejal Caicedo se caen por su propio peso, pues la participación accionaria mejoraría notablemente el músculo financiero de la ETB y con ello la posibilidad de mejorar utilidades para reinvertir en el sector social; la venta de ETB podría aportar US$2.000 millones.
Con US$2.000 millones, se puede completar el Transmilenio en plazos razonables, construir múltiples cruces elevados y desarrollar viviendas sociales para las zonas más deprimidas de la ciudad. Con las primeras, las personas y empresas serian más productivas. Con las segundas se apoyaría el desarrollo económico de un sector que hoy solo tiene la preocupación de sobrevivir.

Hay que recordarle entonces a doña Clara y al Polo que la venta accionaria de la ETB tiene mucho que ver con la economía de la ciudad y del país. Hay que recordarles que ¡Es la economía estúpido! (“Its the economy stupid!”), como le respondiera el entonces candidato presidencial Bill Clinton a un reportero que le preguntó “¿Cuál será el punto más importante de la campaña del 1992 en los Estados Unidos?”.

EL BOTIN DEL PC3 EN EL DISTRITO CAPITAL

La Alcaldesa (E) de Bogotá, acaba de entregarle un valioso botín al PC3 en la administración  distrital al nombrar a Gloria Isabel Cuartas Montoya como nueva directora del Instituto Distrital de articipación y Acción Comunal (IDPAC), un cargo que le permite una influencia directa sobre las juntas de acción comunal y otros organismos comunales en la ciudad.

Aún no están claras las cuentas con la justicia de la ex alcaldesa de Apartadó y ex senadora del PDA por los vínculos con las Farc que denunciaran reiteradamente desmovilizados y desplazados de Antioquia.

Gloria Cuartas aparece en todos los grupos de presión que giran alrededor del Partido Comunista, y en Urabá fue elemento determinante de la famosa Congregación Intereclesial, en la que se encuentra con el Padre Javier Giraldo S.J., quien es de los poquísimos jesuitas del mundo que nunca cambian de sede y oficio. Esa alianza mantiene sobre la buena gente negra de aquella región un régimen de terror que se financia por contribuyentes internacionales que
todavía creen en el apostolado de estos personajes.

Gloria Cuartas es una de las compañeras de Piedad Córdoba en el embeleco del acuerdo humanitario, tendiente a legitimar a las FARC y mover el piso al Estado colombiano. Cuando fue alcaldesa de Apartadó Urabá, Gloria Cuartas parecía más ser la estafeta del quinto frente de las FARC que la primera autoridad del municipio. Es algo que ella nunca ha aclarado, sino que siempre ha eludido con la táctica comunista de declararse agredida desde todas las vertientes ideológicas que sean contrarias a la suya.

Mientras Gloria Cuartas sigue eludiendo su responsabilidad penal, la inmensa mayoría de las víctimas de los procesos de la parapolítica están en las cárceles porque apareció un testigo, que llamamos “Pitirri” para generalizar al que reparte maldiciones desde su dorado exilio en Canadá, donde está refugiado con más de cuarenta miembros de su familia por cuenta y a costa del gobierno de ese país y de las ONG que tienen organizado alrededor de las condenas a Colombia un impúdico y suculento negocio. Pitirri suele ignorarlo todo. Pero es locuaz y audaz, y eso basta. En cambio, las pruebas de los vínculos criminales de las FARC con personajes muy vigentes de la política colombiana son enormes, contundentes, plenas como se dice en Derecho Procesal y sin explicación válida son invalidadas por la Corte Suprema de Justicia.

Son muchos los desertores de las FARC que desde hace más de diez años precisan, en declaraciones asombrosas, la manera como la señora Cuartas ha tenido contactos con esa organización terrorista. El sitio, la hora y las circunstancias de sus reuniones con Manteco, Samuel, Nicolás, Apolinar Martínez, Lucha, Alexis, Julio, Calambombo, a las que llegaba, en carros que identifican y cuya descripción coincide, a lugares bien señalados, incluyendo
una casa construida para tales tertulias. Tampoco hay dudas sobre el objetivo de las reuniones. Porque se trataba, como objetivo principal, de acabar con los esperanzados, los reinsertados del EPL, y asesinar a otros enemigos que hacían estorbo, con el ruego de la alcaldesa para que no fueran muchos de una sola vez, porque las masacres muy grandes le podrían traer problemas. Por supuesto, si cupiera duda, los deponentes hablan de la participación entusiasta de los
guerrilleros en la consecución de los votos que obtenía doña Gloria Isabel en los comicios.

Esas declaraciones fueron rendidas ante la Fiscalía, con el lleno de todos los requisitos legales, y un par de ellas ante el Gaula. Y reposan en anaqueles judiciales, nos dicen que inclusive en expedientes que se llenan de tiempo y moho en la Corte Suprema de Justicia. Si se quiere la ratificación de esas denuncias, eso sí será difícil. Porque los declarantes que conocemos, Antonio Mendoza Castillo, Eucaris Areiza de López, Miguel Custodio Alean Arias, Jorge
Albeiro Mejía Bedoya, Alejandro Segundo Milanés Correa y un testigo con identidad poco reservada, fueron asesinados por las FARC. Degollados, descuartizados o simplemente fusilados.

Favorecidos sin lugar a dudas por la Ley de Víctimas, son expertos en hacerse pasar como tales, los comunistas pasan ahora a una nueva ofensiva contando con que la Corte y la Fiscalía sigan empecinadas en contar la novela a partir del último capítulo, el de los vínculos, reales o supuestos, de congresistas y militares con el siniestro grupo que creció como feroz respuesta
a la agresión narcoterrorista de las Farc.

Ya se verá el aprovechamiento político del estratégico cargo encomendado, de por sí las juntas de acción comunal en Bogotá son víctimas de la captura por parte del PDA, que requería urgentemente el liderazgo de una experta en ‘movilización de masas’ para recomponer lo afectado con los escándalos de corrupción protagonizados por ese partido y que mejor que contar con alguien que se formó en la escuela del Urabá antioqueño de manos del Frente 5 de las Farc para esa tarea.

Ya veremos a falsos desmovilizados de las Farc fungiendo como promotores comunales amparándose en la necesidad de darle trabajo a quienes se acogieron interesadamente a la Ley de Justicia y Paz para sabotearla. La situación de riesgo que ese nombramiento genera para la ciudad capital no es despreciable, la ciudadanía debe mantenerse alerta y denunciar la acción del PC3 a través de la dirección del IDPAC, que será abierta dada la necesidad que tienen de
superar la crisis en que se encuentran.

LA POLÍTICA MACONDIANA EN EL PAÍS

Los hechos políticos sucedidos en Colombia parecen más un relato de la realidad mágica que García Márquez inmortalizó en sus obras que el curso serio y responsable en busca del bienestar general, de la prosperidad como es de moda hoy; si algo se desconoce en la praxis política del país es la voluntad de las mayorías que eligen un programa de gobierno pero terminan siendo gobernadas por las tesis que ellas rechazaron en las urnas.

Durante 8 años el país marchó por una senda firme y decidida a su recuperación, derrotar la agresión narcoterrorista se convirtió entonces en el objetivo a alcanzar para enderezar el rumbo del desarrollo económico y social, los indicadores y cifras estadísticas muestran esos resultados, pese a que el obnubilado discurso de los detractores de Álvaro Uribe quiera esconder esa realidad y atribuirlos al presunto milagro del cambio de estilo en el gobierno de Santos.

Lo más doloroso para el país es que lo rabiosos críticos de Uribe provienen de sectores políticos que llevaron al país a las más dolorosas páginas de su historia, la descalificación de Colombia y su consideración como país inviable por el empoderamiento del narcotráfico de casi todas las esferas de la vida nacional, un capítulo que se cerró por conveniencias políticas y no como honor a la verdad y la justicia. Quienes impusieron la corrupción como práctica política hoy posan de adalides de la moral pública, quienes utilizaron el Estado para su propio beneficio son los Catones, los censores del anterior gobierno.

A tal grado llega ese realismo mágico que un documental mentiroso sobre la Operación Jaque se presenta con fundamento en un supuesto libreto entregado por un expresidente, para mostrar que el operativo militar de liberación de Ingrid, 3 norteamericanos y 11 militares fue una farsa. Que uno de los sombríos expresidentes que tanto daño le hizo al país esté involucrado en esa tarea de deslegitimación de la Operación Jaque, no es de extrañar, mientras más se cuestione a Uribe Vélez menos atención se le prestará a sus desastrosos períodos presidenciales y podrán resurgir como protagonistas de nuestra historia.

Quienes están interesados perversamente en el desmonte de la Política de Defensa y Seguridad Democrática mediante el apaciguamiento de la lucha contra el narcoterrorismo, no tienen límites a la hora de atacar el anterior gobierno con toda suerte de acusaciones, calumnias e injurias, manoseando la realidad, utilizando un poder judicial que ejerce sus funciones como arma de vindicta contra Uribe y sus funcionarios, abusando de la libertad de expresión para generar una opinión parcializada y falaz frente a los hechos. Cuando son desenmascarados o cuando sus afirmaciones se caen por su propio peso ante las realidades, recurren al conocido artificio de declararse víctimas, de decir que son perseguidos, para atenuar su propia mentira.

“Cuando me acusan, mandan decir, que tienen miedo que haya atentados contra  ellos. Esa es la trampa con la que me han maltratado. Aprovechan la publicidad que se le ha hecho a esta audiencia para maltratarme frente a los medios internacionales”, afirmó el expresidente Uribe ante los rabiosos y mentirosos ataques que hiciera la abogada Sandra Gamboa, del colectivo de abogados Jaime Alvear, quien aseguró que se sintió intimidada por las respuestas que dio Uribe a sus mendaces acusaciones. Es la misma táctica de las Piedad, los Iván Cepeda y toda la caterva del PC3 empeñada en mostrar a los terroristas como víctimas dignas de la reparación que según ellos les deben los colombianos.

Para difundir su veneno cuentan con una legión de columnistas y opinadores  que tergiversan la verdad, magnifican los errores e invisibilizan los aciertos, todos ellos también autoproclamadas víctimas de ‘chuzadas’ y cuanto infundio puedan inventar para ganar audiencia. El abuso de la libertad de prensa es tal que elementos como Ramiro Bejarano se aprovecha de ella para convertir su nauseabunda columna en una tribuna de insultos e injurias personales, sin que los medios que lo acogen ejerzan un mínimo de control por la decencia, total cada insulto contra Uribe y sus funcionarios les representa incrementar sus ventas.

Ahora la táctica es acusar de extrema derecha, de ‘mano negra’ a quien  denuncie la estrategia del neocomunismo en el país, a la que se pega como lapa la socialdemocracia liberal, a los electores, más de 9 millones de colombianos, que eligieron un gobierno que se comprometió a defender unas tesis y unos programas claros sobre la seguridad democrática, y a la primera de cambio asumió los que fueron derrotados en las urnas (liberales y del polo), traicionando el mandato que asumió en aras de una meliflua unidad nacional que sólo ha servido para reencauchar la clase política responsable de la debacle del fin del siglo pasado.

Ser de extrema derecha se convirtió en etiqueta para convertir en paria  social o político a quien tenga firmes convicciones morales, religiosas o  éticas, a quienes ejercen la política como una extensión de esas convicciones y no como un ejercicio veleidoso que cambia con el clima del día. Se está convirtiendo en sinónimo de delito el ser católico, el ser uribista, el ser conservador, el defender el derecho a la vida de los no nacidos y oponerse al aborto,  el clamar por unas normas
mínimas de convivencia social que no aceptan el narcoterrorismo como expresión de una pretendida combinación de formas de lucha, alentado ahora por políticas populistas que serán fuente de amenaza en el inmediato futuro a la seguridad nacional, que sirven de salvavidas a las organizaciones armadas ilegales que pronto las utilizarán para alentar invasiones a propiedades, a mostrar a los terroristas como víctimas del Estado y las FF.MM. al mejor estilo del bolivarianismo.

Si creer que es real el lema de nuestro Escudo Nacional, Libertad y Orden,  es sinónimo de ser extremista de derecha, hoy por hoy y cuando menos, 9  millones de colombianos nos enmarcamos en esa calificación y no estamos  dispuestos a aceptar que lo alcanzado con el sacrificio de nuestros soldados y policías sea anulado en los despachos de los burócratas o los estrados  judiciales, por eso reclamamos al gobierno Santos que asuma el mandato que se
le otorgó para hacer de Colombia una patria digna y soberana, libre de la  amenaza neocomunista que como un cáncer se ha extendido en algunas naciones del continente.